LA SITUACIÓN DE LOS MILITARES URUGUAYOS EN CHILE

Arbitraria, injusta e ilegalmente enjuiciados

Trascendió por la prensa que el juez que está encausando a nuestros militares en Chile denegó la petición de éstos de poder volver al Uruguay mientras se les sigue el proceso y rechazó la caución que al efecto ofreció nuestro Comando General del Ejército garantizando la disponibilidad de los militares aun en nuestro país respecto del juez chileno de la causa.

Recuérdese que cuando se tramitó el largo proceso de extradición que culminó con el otorgamiento de ella por nuestras autoridades, nuestros militares estuvieron en libertad bajo la caución ofrecida por el entonces Comandante en Jefe del Ejército que garantizó la disponibilidad de ellos para nuestros órganos jurisdiccionales.

En el Derecho Internacional hay un principio medular que es el de la cortesía y reciprocidad, de modo que si un Estado adopta una conducta «cortés » respecto de otro Estado, éste debe estar a la recíproca, y a la inversa si un Estado toma una conducta negativa respecto de otro, este último puede replicar mediante retorsión y hasta represalia.

Nuestras autoridades pudieron no haber otorgado la extradición de nuestros militares, incluso y aun con pronunciamiento favorable de la Justicia, el tratado de extradición vigente entre Chile y Uruguay, habilita a los presidentes de ambas repúblicas para no hacer lugar a la extradición, por lo que entonces el señor presidente del Uruguay bien pudo al amparo de esa cláusula no otorgar la extradición, y pese a ella y a las circunstancias que rodearon al pedido y pretensión chilena de extradición, hizo lugar a la misma.

En contrapartida, las autoridades chilenas en elemental reciprocidad y cortesía internacional deben hacer lugar al pedido de nuestros militares de poder volver al Uruguay, quedando a disposición de la Justicia chilena, reconociendo la caución que al efecto ofreció nuestra Comandancia General del Ejército. Sin embargo, Chile se negó a este pedido, lo que trae una serie de consecuencias y reflexiones.

II.- En primer término al no proceder Chile con reciprocidad nuestro país puede ejercer el derecho de retorsión, que atento los antecedentes y circunstancias que califican el affaire más que un derecho (que lo es atento al Derecho Internacional) es una obligación que se impone en elemental defensa de nuestra soberanía y de la burla que se ha hecho por parte de Chile de nuestras instituciones. La cuestión no es solamente que se desconoce el principio de cortesía y reciprocidad internacionales, sino que además las autoridades chilenas han desautorizado a nuestro Comando General del Ejército que ofreció su garantía, desautorización que se proyecta tanto sobre nuestro Ministerio de Defensa, como del presidente de la República Oriental del Uruguay en su calidad de jefe superior de nuestras Fuerzas Armadas como lo establece nuestra Constitución.

Es evidente que al haberse negado las autoridades chilenas a aceptar la caución de nuestro Comando General del Ejército están denotando que nuestras Fuerzas Armadas no les merecen confianza, ni tampoco nuestro Ministerio de Defensa, ni nuestra Presidencia de la República, pese a que las sentencias que dispusieron la extradición confiaron en que Chile (y así lo expresaron) diera un trato y juicio justo a nuestros militares extraditados. Asimismo nuestro primer magistrado al otorgar la extradición (que podía haberla no concedido con todo derecho por las cláusulas del Tratado) confió en las autoridades chilenas. Que aprendan así nuestros tribunales y las autoridades que confiaron en las autoridades chilenas, y sobre todo nuestro Embajador ante Chile, que cuando se le notificó de que la extradición se había otorgado, salió por los medios chilenos (retransmitidos en Uruguay) alegre, irresponsable y eufóricamente diciendo urbi et orbi que con el otorgamiento de la extradición Uruguay daba un precedente para el mundo entero. Un precedente tanto en derecho interno y más todavía en derecho internacional es obligatorio para el Estado que lo estipula y el Estado que se beneficia. Sin embargo parece que para Chile no se emocionó (como lo hizo nuestro embajador) ni menos se sintió obligado a cumplirlo cuando el mismo le impone gravamen, es decir que las autoridades chilenas vulgarmente hablando aplican la «ley del embudo», el precedente es válido cuando los beneficia, pero no cuando los obliga por elemental cortesía internacional . Esto parece ser la tónica de nuestra actual política exterior (si se puede sostener que tenemos ahora una), en el caso con los argentinos y las papeleras, que las concesiones van por el lado nuestro pero los argentinos no se sienten obligadas por ello, y nosotros tampoco exigimos una conducta recíproca, ni tampoco hacemos valer nuestro derecho a retorsionar.

Si nuestras autoridades al parecer no se sienten ofendidas por todos estos procedimientos, nuestra ciudadanía que es en la que radica esencialmente nuestra soberanía como lo preceptúa nuestra Constitución, debe manifestar su repudio por todos los medios lícitos a su alcance, y en defensa del honor, dignidad y soberanía nacional.

III.- No está demás recordar la serie de antijuricidades dadas en la extradición de nuestros militares a Chile. 1º En nuestro país hubo un exhaustivo proceso penal que duró más de diez años, en los que en su transcurso se sucedieron diversos jueces y fiscales, y que terminó con la absolución de nuestros militares.

En Derecho Penal rige el principio del non bis in Ídem, es decir que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, lo que es lógico, puesto que si a alguien se le instruye un proceso por un hecho supongamos de hurto y es absuelto, no puede luego por el mismo hecho enjuiciárselo alegando que no fue hurto sino que rapiña.

Sin embargo las autoridades chilenas pretenden y estén enjuiciando a nuestros militares absueltos en nuestro país, imputándoles por el mismo hecho un delito diferente. Con ello además de desconocer el principio del non bis in idem, están desconociendo la autoridad jurídica y moral de nuestra Justicia.

2º Además el Código Penal Chileno es del Siglo XIX, más antiguo y menos técnico que nuestro Código Penal de 1934 inspirado en el Código Penal Italiano que está unánimemente considerado internacionalmente como el mejor de su género en el mundo. Nuestros tipos delictivos son más técnicos que los tipificados en la legislación penal chilena.

Esto ya creó un problema porque para que haya extradición debe haber reciprocidad en la tipificación de los delitos de ambos estados requirente y requerido, lo que por la razón antedicha no se daba, y pese a ello se otorgó la extradición. Es lógico que debe haber dicha reciprocidad porque de lo contrario se estaría dando extradición por un hecho que en el estado requerido no está tipificado como delito, lo que vulnera el principio que no hay delito ni pena sin ley que lo establezca, y que así lo consagra el art. 1º de nuestro Código: Penal, y lo reitera al regular nuestro régimen general de extradición.

De: Hernán Víctor Alonzo, Periódico Nación, año II, N° 13

ACTITUDES POLÍTICAS

La actual mala praxis política puede que tenga réditos coyunturales para el partido de gobierno, pero tendrá efectos nefastos para el país.


Si por algo se ha caracterizado este Gobierno es por hacer uso y abuso de sus mayorías parlamentarias. Eso, que podríamos entenderlo como una consecuencia lógica de las reglas de juego de la democracia, desborda groseramente la tolerancia del país puesto que un número importante de las medidas que adopta el gobierno son de las que se da en llamar políticas de Estado. Políticas que, por sus implicancias en la vida nacional, tienen un carácter trascendente y permanente y, por lo tanto, requieren el acuerdo de todos los partidos políticos o, al menos, de la mayoría de ellos, de manera que, si rotan las fuerzas políticas que ha de llevar las riendas del gobierno, no sea necesario andar cambiando rumbos esenciales de la vida nacional.

No hace falta buscar mucho para encontrar casos concretos de los que me estoy refiriendo. Alcanza con pensar en las reformas más sonadas, como las de la Salud y Tributaria, y las anunciadas de Educación, del Estado y de Defensa Nacional. En los casos que ya pasaron por las cámaras legislativas, prácticamente se ha desconocido la opinión de los partidos de oposición. Si bien el Frente Amplio tuvo en alguna ocasión cuidado de atender aquellas ideas ajenas que corregían garrafales errores conceptuales de sus propuestas, desde luego que esto no ha sido así en absoluto en lo que atañe al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas que ha recibido, nada menos, que el dictamen negativo del fiscal de Corte que lo ha encontrado inconstitucional. Pero lo grave y trascendente es que quienes nos gobiernan no hayan tenido en cuenta, o no les haya importado para nada, que es imprescindible aproximar lo más posibles las leyes reformistas a zonas de consenso del pensamiento ciudadano, de forma de asegurarles una vigencia que se extienda mucho más allá de lo que resta a este gobierno.

Estas actitudes políticas pueden pasar desapercibidas para gran parte de la población razonablemente más preocupada por salir adelante en sus problemas cotidianos que por analizar situaciones como la que planteo. Pero, a poco que meditemos sobre lo que puede estar ocurriendo en algo más de dos años –cuando seguramente cambie la fuerza política que ha de timonear nuestro país o, aun en el caso que sea la misma, pero sin las mayorías absolutas que tiene actualmente– nos daremos cuenta que el país va a tener que dar marcha atrás obligadamente en aquellas disposiciones que han violentado el sentir de la amplia mayoría de nuestra población. Aspectos tan medulares como los ya mencionados u otros, como las facilidades dadas a los gremios para que ocupen sus lugares de trabajo, o lo que pueda surgir de aquí en más respecto a la Educación, a la Reforma del Estado o la Defensa Nacional, o temas tan sensibles como la seguridad ciudadana, o el afán revanchista del partido de gobierno con quienes combatieron a muchos de sus integrantes cuando eran guerrilleros o sediciosos o terroristas o subversivos o todo eso junto, deberán ser revisados. Ya ha habido esbozos de anuncios al respecto por parte de algunos dirigentes políticos de oposición. En la medida que nos aproximemos a las próximas elecciones, no dudo que abundarán propuestas en el mismo sentido.

Es mucho el daño que se le ha hecho al país y el que se le seguirá haciendo en este tiempo que falta de gobierno frenteamplista. Por eso es tan importante la palabra de NACIÓN y la de todos aquellos medios que se animan a expresar lo que honestamente piensan. No debemos resignarnos a que nuestro país, el de nuestros hijos, nietos y bisnietos, se transforme en otra cosa diferente de la que hemos estado tan orgullosos. Porque es bien sabido que esta gente quiere que la nueva Historia Patria comience con ellos. De allí que estén destruyendo todo lo que pueda significar patriotismo con el sentido que le hemos dado siempre a esa palabra. No es casual que se haya encomendado escribir una “historia reciente” a historiadores totalmente inclinados a la izquierda; no es casual que no se conmemoren los actos que forjaron nuestra patria; y tampoco es casual que no se enaltezca la acción de nuestros héroes que cada día aparecen más olvidados.

Nuestro compromiso es con la patria que hemos heredado de nuestros mayores; con sus valores, con sus tradiciones y con su historia. No permitamos que nos la roben.

De: Juan Pablo Latorre, Periódico Nación, Año I N° 12

Honradez Republicana

Una nota del Banco República del 26 de abril de 1972 al ministro de Defensa Nacional Gral Enrique Magnani consignaba que habían resuelto contratar los servicios del experto en seguridad Cnel. Iván Paulós, fijándole una compensación por la tarea de 100 mil pesos mensuales, pero que «en oportunidad de tomar conocimiento de dicha resolución el Cnel. Paulós remitió una nota a esta institución (...) manifestando su decisión de prestar gratuitamente sus servicios, teniendo en cuenta lo que -expresaba- el Banco República significa para el país, y además por sus convicciones personales».
Esto no fue excepcional en la vida de este soldado, que a lo largo de su vida activa desempeñó numerosos cargos públicos, como el que ya mencionamos de presidente del directorio de AFE, y nunca aceptó cobrar un peso por una gestión que estimó era su deber desempeñar como servidor de la patria.
Pero como el mismo Paulós reveló al cronista de NACIÓN, no fue el único caso, sino que muchos militares que prestaron concurso en distintas actividades públicas lo hicieron en forma honoraria, y lo consideraron una obligación con su país, por su condición de soldados.
Y agregó que él vive exclusivamente de su sueldo de retirado militar, que no percibe dinero por ningún otro concepto y que su profesión llenó completamente su vida.
Sin duda una ética diferente a la que hoy prevalece en la sociedad, donde ganar dinero está para muchos por encima de todos los valores.

La revolución que está sola y espera (Parte III, por P. Lucas Corkelerrigaray)

UNA DOCTRINA NACIONAL PARA UN ÚNICO FRENTE NACIONAL

Es principio esencial del Nacionalismo que la familia es la unidad básica de la nación. Protegerla, darle una seguridad económica estable y una estabilidad duradera, asegurar su acceso a la propiedad, permitir su libre desarrollo, reglamentar favorablemente sus derechos, en especial el del voto familiar y el de la herencia (principalmente librando a ésta de impuestos gravosos) son tareas primordialísimas del Estado nacional. Es de suma importancia, a tales fines, reglamentar severamente el divorcio y aun suprimirlo cuando es absoluto, ya que se trata de un estatuto jurídico que tiende a la disolución y destrucción de la familia. El pretender dar normas generales basándose en casos puramente particulares es una tendencia nociva de nuestra enloquecida época y de la actual sociedad, que más parece un manicomio que una unión de personas normales. Tal tendencia anómala puede conducir a darle validez legal a hechos anómalos, como ha ocurrido ya en el caso del «matrimonio de hombres» (!!!). En nuestra sociedad parece hoy día imperar un espíritu según el cual la excepción puede modificar la regla, el expatriado menospreciar el patriotismo, el huérfano denostar la paternidad, e incluso la viuda destruir la posición de la esposa. (G. K. Chesterton). Así, el hombre desafortunado que no puede soportar a la mujer que entre todas las mujeres ha elegido, lejos de animarle para que vuelva a unirse con ella y procure tolerarla, se le anima a que elija a otra, a la que, con el decurso del tiempo, podrá aborrecer igualmente. El ideal Nacionalista de la Familia es el más natural y el más racional, como corresponde a su ideario esencialmente empírico y realista: El padre y la madre son el origen de la familia; el padre es su jefe y, como tal, tiene la obligación de mantenerla con su trabajo; la madre tiene a su cargo el cuidado del hogar, la crianza de la prole y la educación de los hijos. Estos últimos, a su vez, tienen el deber de la obediencia y el respeto a sus progenitores. Y este conjunto forma ese todo armónico y completo que es la familia.

Es posible que quienes ya se hayan acostumbrado al disolvente social que los promotores de la tiranía mundial (liberales y marxistas) nos suministran a diario por los medios de difusión y «educativos» vean negativamente esta definición natural y real de familia, e incluso piensen que es una concepción «machista». Nada mejor para ayudarle a comprender la realidad, que plantearlo de un modo que le permita analizar objetivamente la situación.

La sociedad de las hormigas, por ejemplo, funciona en base a un orden natural innato, que asigna a cada grupo de una colonia características propias, que son vitales para la subsistencia y continuidad del conjunto. La colonia se divide entre machos, hembras y obreras, y cada una de ellas cumple una función específica y diferente a la del resto. ¿Qué pasaría si la hormiga reina se «liberara» (como dicen las organizaciones lésbicas) y dejara de poner huevos? ¿Qué pasaría si las obreras declararan la «lucha de clases»? ¿Qué pasaría si las hormigas macho se hicieran gays y dejaran de fertilizar los huevos? ¿Qué pasaría si las hormigas soldados se negaran a defender la colonia? En cualquiera de estos casos el resultado inevitable sería el caos total y seguramente la extinción de la colonia.

Es precisamente para lograr ese caos, que los enemigos de nuestra «colonia » nos embuten con todas las ideas subversivas, para que usted se acostumbre a ellas y al bajar la guardia, no sólo deje de verlas como algo negativo, sino que pase a ver como negativo lo que en realidad es el orden natural de las cosas.

Por ello nuestra definición de familia puede sonar a antigualla o a conservadorismo, pero es bueno recordar que esta pequeña y milenaria institución fue y es muy capaz de destruir a aquellas sociedades que se empeñan en disolverla. La marcha atrás en su política anti-familiar por parte de los comunistas soviéticos, el estado de putrefacción moral en que diversos países europeos son ejemplos muy elocuentes que nos dan la razón, y que nos demuestran que, lejos de estar en posición fuera de época, nos hallamos en el corazón de la verdad, que es permanente e intransigente con las veleidades de la moda transitoria de una época.

Resulta realmente asombroso e inconcebible que un pensador tan profundo como Platón, en «La República », pudiera sostener que la supresión de la familia aumentaría el amor a la patria. Lo contrario es lo verdadero, ya que el vínculo familiar propende a arraigar al hombre a la tierra en que ha nacido, por consiguiente, liga estrechamente el amor familiar al amor a la patria, al país natal de los hijos, de aquellos que han de continuar su sangre y sus tradiciones.

El tema de la familia nos lleva como de la mano al de la propiedad y la herencia. El derecho de propiedad no es sino una proyección de la persona humana sobre las cosas. Nada más legítimo y natural que el derecho del hombre a hacer suyo aquello que es el producto de su labor y de su inteligencia y perseverancia, y es de aspiración lógica del nacionalismo el extender al máximo el derecho de todos a acceder a la calidad de propietario de los bienes que le aseguran un techo y una protección a su desenvolvimiento económico, moral y cultural y a una vida segura y tranquila, para sí y para su familia. La Herencia es un complemento natural de este derecho. Diremos que como medio de acción para un porvenir, la herencia es el más recto y simple.

La vida sería indignamente corta si la naturaleza no hubiese proporcionado a las sociedades un procedimiento que transmite los frutos del trabajo por la sangre..

Obligar a cada nueva generación a comenzar todo «ab ovo» es absurdo y antinatural. Más que un derecho, la herencia es un deber. Deber de legar. Deber de heredar y continuar la obra. HERENCIA ES CONTINUIDAD.

FIRME Y SUICÍDECE

Las Fuerzas Armadas de la Nación son las únicas instituciones de servicio y jerarquía en el orden humano que todavía permanecen de pie. Y por ser la columna vertebral de la Patria, el armazón que la sostiene y la armadura que la defiende, su resquebrajamiento es también el de la Patria.

Jordán Bruno Genta

Si el destino me arrastrara de improviso a los peligros y penurias de la guerra, me hallaría pésimamente adiestrado en la teoría y práctica del ars bellum, pero algo – poco pero bueno— tendría claro, y es que del enemigo lo único que debo esperar es que hará todo lo posible por matarme. Y que si para calmarlo apelo a su sentido de la urbanidad y amor al prójimo, pierdo el tiempo y la vida.

Impregnado de esa certeza, me asombran los llamamientos que algunas personas incautas dirigen a las bandas marxistas para que contribuyan a un feliz y próspero destino de la República, a la fraterna convivencia de sus pobladores y a la supervivencia del régimen democrático, abdicando de sus afanes revanchistas, deponiendo su sed de venganza y fundiéndose con la parte sana de la población en un tórrido abrazo de mutuos perdones e intercambio de amnesias. Enfoque que evoca la teoría marxista sobre las «alienaciones»: quienes sueñan con apaciguar con tiernas exhortaciones a semejante adversario le están atribuyendo su propia honesta buena fe a enemigos que de ella carecen. Son alienados (quizá en el sentido médico de la palabra). Envalentonado por la sideral tontería de esa corriente apaciguadora, el Enemigo de la Nación y del Pueblo intenta dar un paso más hacia el Poder, y recoge firmas para lograr la fenomenal hazaña de que sea el propio pueblo el que democráticamente se prive a sí mismo del único escudo que puede impedir la dictadura sovietizante programada: las Fuerzas Armadas de la Nación. Esta vez, los marxistas intentan reactivar la «pretensión punitiva del Estado». Una guerrilla jurídica para evitarse los malos ratos que les acarreó la reacción nacional contra su guerrilla armada en los años setenta.

En efecto: resucitar la «pretensión punitiva » significaría la negación de la justicia. Así lo demuestra su aplicación práctica en otros países de América, en que se enjuicia y extradita a militares con «pruebas » en las que jamás se apoya el procesamiento de ningún delincuente común.

Hasta concluir, en una «democracia más avanzada», como la Cuba castrista, en una situación en que la detención de una persona no tiene nada que ver con un ilícito que haya cometido. Se le detiene por su pertenencia a determinadas clases o profesiones y mucho más tarde se formulan cargos concretos, no para el tribunal, sino para la prensa. Aquello que enseñó Cronwell, de quien tanto aprendieron los soviéticos, cuando ordenaba: «El abad de Glastonbury será juzgado y ejecutado. Procuren que las pruebas estén bien elegidas y las acusaciones bien preparadas ». Esa es la «justicia» que –una vez purgado también el Poder Judicial — aguardaría a nuestros militares, policías y oficiales de inteligencia, con absoluta independencia de sus actos, que en el Derecho comunista sólo son «buenos» o «malos» según favorezcan o se opongan a la sovietización del país y no porque tengan o les falte cierto sustrato ético, cuestión que para el marxismo es una ridícula «superestructura ».

Ahora bien, aunque obviamente todas las personas con instinto de conservación debemos negar nuestra firma y eventualmente oponer un No rotundo en las urnas a tan taimada cuan hipócrita maniobra, debo recordar a las luminarias jurídicas que alzando barreras legislativas creyeron haber defendido sempiternamente a las instituciones de gobierno (¿por qué mencionan tan poco a la Patria, que es lo permanente?), la olvidada realidad es que el Derecho se sustenta en la Fuerza, como lo prueban, sin excepción, todas las épocas, doctrinas y regiones del mundo. Sin la Fuerza, el Derecho muere, exangüe, cuando se intenta extraerlo de la atmósfera propicia de los códigos y exponerlo a los duros embates de la realidad. No hay Derecho sin Fuerza que lo aplique. Lo único que varía es el objeto al que se aplica ese Imperium. Si la fuerza está al servicio del Orden, la Justicia, la Caridad, la soberanía nacional y el destino histórico de un pueblo, el Derecho será un instrumento eficacísimo de realización de esos bienes eminentes. En cambio, la más sabia norma jurídica no sobrevivirá, o se convertirá en aspiración teórica, si no está respaldada por el aparato coactivo del Estado que imponga su cumplimiento a los inevitables infractores.

Por otra parte, si un partido, una clase u otro grupo de intereses particulares logra poner la fuerza al servicio de intereses postizos y malsanos, superponiéndolos al interés nacional, producirá e impondrá, sí, normas jurídicas, pero contrahechas, deformes e injustas. La perfección semántica o sutileza dogmática de la norma es, pues, cosa secundaria. De lo dicho se infiere que no basta lograr que la «caducidad» subsista a través del voto popular que resista el intento revisionista, porque apenas derrotados, los genitores de la consulta popular comenzarán a armar una nueva «correlación de fuerzas » para conseguir exactamente el mismo objetivo, mientras muchedumbres de incautos estarán gozando de su «eterna» victoria, convencidos de que los marxistas respetarán, como ejemplares ciudadanos que son, ese «derecho burgués» que odian cordialmente.

Dicho de otro modo: salvar la Ley de caducidad es aplicar unos necesarísimos «primeros auxilios» al organismo nacional atacado. Pero la recaída es segura si no se extirpan las causas del mal. Según la célebre regla, «no se pueden alzar altares a los principios y patíbulos a las consecuencias de esos principios». No se puede admitir la indiferencia política, cultural y ética y el derecho a ser amparado legalmente para entronizar las mayores aberraciones sociales y formar partidos internacionalistas — ¡haciendo de esas enfermedades una supuesta causa de orgullo nacional!— y luego reprimir a quienes se toman en serio esas formales promesas y tratan de llevarlas a la práctica.

Si en los tiempos que vivimos hubiera un puñado de estadistas o tan sólo un gran medio de prensa que esclareciera a la opinión pública, podríamos ahorrarnos esta colección de reflexiones elementales. Pero las Cuatro «P» –políticos profesionales y prensa plutocrática—están en otra cosa, no en informar verazmente al pueblo y fomentar su espíritu crítico. A algunos de esos individuos y medios de prensa, sus mentores les pagan para que conduzcan la línea máxima, violenta, del plan globalizador. El papel de los otros es ilusionar a la opinión con la estulta creencia de que si las mismísimas ideas de los violentistas se aplican en forma (al principio) indolora, respetando las formas jurídicas externas, adquieren, por arte de birlibirloque, una respetabilidad que las santifica, por puerco que sea su contenido. Quede el último comentario para los frenteamplistas que pongan su firma anticaducitaria creyendo sinceramente que ayudan a «hacer respetar los derechos humanos». Una ojeada a la historia debería enseñarles que la revolución tiene una dinámica que no se deja mandar por las aspiraciones voluntaristas de sus fieles, por más que éstos clamen: «Hasta aquí, no más». Si triunfara el proyecto de aniquilación de las Fuerzas Armadas de la Nación, éstas serían suplantadas por un poder militar decuplicado y puesto al servicio de la ideología extranjerizante del Partido.

Si no nos lo impidiera su ateísmo militante, podríamos recordar a esos moderados la bíblica observación: Stultorum infinitus est numerus.

El número de estúpidos es infinito.

De: Juan Pedro Louro, Periódico Nación, Año I N° 11